Comunicado del Partido Socialista: justicia, derecho a la vida y a la dignidad para los adultos mayores, ¿gobierno negligente o cómplice?
Comunicado del Partido Socialista, tras los hechos de público conocimiento ocurridos la pasada semana en la ciudad:
Gálvez, 16 de mayo de 2021
Recientemente trascendió la noticia de la clausura de una institución geriátrica de la ciudad. El motivo fue una denuncia policial realizada en la comisaría. Según el diario El Litoral, el allanamiento demostró que había maltrato hacia los residentes. Falta de alimentación, deficiente atención médica, abandono de la higiene de las personas y lesiones son las falencias destacadas por los medios. ¿Pueden los medios ser destratados por destacar estas circunstancias?
El allanamiento fue ordenado por el Fiscal del Departamento San Jerónimo, realizado por la policía y la pregunta impostergable es: ¿qué pasa con las autoridades municipales? Y no nos referimos a acercarse al establecimiento la tarde del día del desalojo. Hablamos de cumplir con la labor que les fue encomendada por la sociedad.
Según la la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, son obligaciones de los Estados facilitar el ejercicio de derechos, en todas sus facetas, a las personas mayores.
En este sentido, cabe destacar que en el mes de septiembre de 2020 los concejales socialistas presentaron un pedido de informes, instando al Municipio a intensificar los controles a las instituciones geriátricas de Gálvez. Es claro que estamos hablando de un sector muy vulnerable de la sociedad. Situación que se vio agravada con la pandemia por Covid-19 y el aislamiento social, que dificultó el vínculo fluido con los familiares de los residentes. Muchas personas debieron distanciarse de sus seres queridos y eso sólo es motivo de gran angustia.
Como sector político, anteriormente, hemos generado el diálogo con los dueños de instituciones y sabemos que no han tenido respuestas ni acompañamiento ante las regulaciones por el distanciamiento o aislamiento social. También recordamos otro precedente, ocurrido en septiembre de 2019 cuando se realizó una denuncia de maltrato en otra institución.
Según la Ordenanza 4174 del año 2015, la responsabilidad de las inspecciones periódicas y pertinentes le compete al departamento de Inspección y de Acción Social. Esa normativa fija recorridas cada un máximo de 2 meses. Además, en la situación de ASPO queda claro que la inspección no puede limitarse a llenar planillas y formularios. Relevar las condiciones de los edificios y los servicios de las instituciones destinadas al cuidado de adultos mayores implica garantizar la calidad de vida de los residentes y protegerlos de posibles abusos.
No alcanza con resolver el problema presente. Es menester que los funcionarios cumplan con su función. Hemos insistido en la relevancia de las inspecciones frecuentes y consecuentes. Hemos pedido información sobre los geriátricos de Gálvez. Hemos planteado alternativas y propuestas. Sin embargo, no recibimos respuestas y nos encontramos, nuevamente, las consecuencias del abandono y la negligencia. Un gobierno presente mejora las vidas y garantiza derechos, un gobierno ausente condena a los ciudadanos.
¿Es necesario que los adultos mayores padezcan de esta manera cuando podía, cuando debía, evitarse y prevenirse? No. La respuesta es y seguirá siendo no. Lo que sí es necesario es que los funcionarios cumplan con su rol y que quien no esté a la altura de su cargo, en vez de exponer públicamente en conferencia de prensa a trabajadores cuya función es llevar adelantes sus instrucciones, deje el lugar para quien pueda dar la talla. Finalmente, remarquemos que es el Intendente quien designa a sus funcionarios, quien debe supervisarlos y quien tiene la posibilidad y la obligación de reemplazarlos cuando no cumplen con el rol que les asignó.
Partido Socialista – Gálvez (SF)
