Propietarios de Geriátricos piden revisar el cumplimiento de nuevas normativas
Un grupo de propietarios de geriátricos de la ciudad se dio cita en la mañana de este lunes frente al Palacio Municipal para hacer visibilizar la situación que están atravensando a partir de lo que ocurrió en un hogar de calle Dorrego meses atrás y que es de público conocimiento.
Laura de Santis Pinés, en representación de los presentes, informó que «la mayoría de los geriátricos recibimos una notificación desde Auditoría Médica de Santa Fe en la que se intima a hacer la habilitación correspondiente con dicho organismo, para lo cual nos dan un plazo de cinco días presentarnos y entre 30 y 60 días para regularizar la situación de lo contrario se llega a la clausura».
«Esta habilitación hace que de cada diez ancianos que hay en el lugar solamente dos pueden ser dependientes, el resto tienen que ser autoválidos. Por lo que nosotros censamos los hogares y de un total de trece -los que estamos acá presentes- tenemos alrededor de 200 ancianos de los cuales un 65% es dependiente». Por tal motivo «de llevar a cabo esta habilitación, este porcentaje debe ser reubicado en lugares habilitados por PAMI o PROFE«, explicaron.
«Nadie quiere dejar de trabajar, queremos que el Municipio nos ayude a seguir trabajando, es por eso que enviamos esta carta al Municipio, al Concejo, al Ministro Danilo Capitani y al Senador Leonardo Diana», manifestaron, «no queremos trabajar fuera de regla, pero ediliciamente lo que nos pide provincia es imposible».
Según explicaron a la prensa, en la carta «planteamos de resultar aplicable a nuestros establecimientos la normativa provincial como se pretende, – ¿Qué medidas tomará este Municipio para garantizar el cuidado de casi 200 adultos mayores que quedarán literalmente en la calle?, y – ¿Se han pensado las consecuencias sociales y el destrato humano de semejante decisión arbitraria?
Claro está que la crisis social y el cierre de nuestros establecimientos generaría no es ajena al Municipio ni se puede hacer la vista gorda. Sumando a ello los establecimientos que administramos desde hace años son nuestra fuente de trabajo y la de muchas familias. Que de vernos obligados a reducir la capacidad de hospedaje sólo a personas autoválidas y/o cerrar nuestros hogares para adultos mayores nos generaría enormes perjuicios econconómicos generando cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y consecuente agravamiento de la crisis económica que se encuentra atravesando la sociedad. Es por ello que entendemos imprescindible se tengan en consideración nuestras incertidumbres y se analicen todas las consecuencias económicas y sociales que acarrearía cualquier medida adoptada por la provincia que perjudique nuestra actividad».
Finalmente afirmaron «no queremos pelear, no hay banderas politicas solamente queremos trabajar y que nuestros ancianos queden con nosotros porque llevarlos a otro lado y separarlos de su familia es inhumano. La mayoría de los familiares nos han mostrado su apoyo, así que esperamos una respuesta de las autoridades».
«El intendente fue notificado y estamos esperando alguna citación, todas queremos lo mejor para nuestros ancianos y nuestros empleados», concluyeron.