Luna: «Presentamos una ordenanza sobre un tema vergonzoso que ocurre en el Municipio y 3 concejales no lo quisieron debatir»
Este jueves se reunió el Honorable Concejo Municipal en su segunda sesión ordinaria del año. En esta oportunidad, el edil de la oposición Martín Luna, junto a su compañera de banca Cecilia Ré, presentaron 4 proyectos de ordenanza y dos pedidos de informe, en un encuentro tenso por momentos.
Tras la reunión, el concejal hizo una síntesis de lo tratado: «Presentamos una ordenanza que hace referencia al tema de la seguridad en Gálvez, que pasó a comisión. Es una ordenanza donde se lo faculta al Ejecutivo Municipal en hacer un convenio con lo que es el ex patronato de liberados para que haya una identificación y seguimiento de aquellas personas que fueron condenadas, pero que, por mandato judicial, tienen que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo fijar domicilio, hacer algún tipo de tarea comunitaria, o abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y cualquier tipo de estupefaciente. Que haya una identificación y un seguimiento, lo que se da porque es de público conocimiento, y así lo indican todas las estadísticas, de la reincidencia en el delito. Nosotros creemos y entendemos que esta ordenanza puede tener un impacto real sobre el tema de seguridad».
Por otro lado, se presentó otro proyecto de ordenanza respecto al área central, «que también pasó a comisión, donde lo recaudado con respecto al recupero que va a hacer el Municipio de la ciudad respecto de los aportes que van a hacer los frentistas, sea remitido específicamente a un plan integral de bacheo en la ciudad que, como todos sabemos, las calles hoy en el sector pavimento se encuentran muy deterioradas, sin ningún tipo de mantención, y también es dable a aclarar que pasa en todo el ámbito de la ciudad».
Un tercer proyecto de ordenanza «aborda el caso de las 52 viviendas para los empleados metalúrgicos. Nosotros desde nuestro bloque, ya hemos hecho diferentes pedidos de informes en el mes de marzo y agosto del año pasado y no hemos tenido ningún tipo de respuesta de los mismos. Días atrás el intendente de la ciudad salió a explicar por conferencia que se había hablado con el gobierno de la provincia para que las mismas se terminen, y es por eso que nosotros en la ordenanza presentamos diferentes pedidos. Primero, que exigimos que tengan el mismo destino, que sigan siendo para los empleados metalúrgicos, después que explique qué gestiones hizo porque únicamente fue una declaración y después solicitamos que en el caso de un mes que esto no tenga ningún tipo de avance, sean entregadas a los beneficiarios de las mismas a través de un sorteo en las condiciones que se encuentren y que se le dé un año y medio de prórroga con respecto a pagar la cuota para que ellos la puedan terminar. La verdad es que tener 52 viviendas a un 80% ya en ejecución y no hacer ningún tipo de gestión para que las mismas se terminen es lamentable, porque estamos hablando de 52 familias que van a tener su solución habitacional. Quiero aclarar que esta ordenanza fue consensuada en una reunión con trabajadores del sector metalúrgico, por lo tanto de ahí salió y también llegó hoy al Concejo con una copia al Municipio de la Ciudad de muchas firmas de las personas que están anotadas para ser sorteadas y también de compañeros de trabajo que se solidarizaron con esta cuestión. Nosotros solicitamos que sea tratada en la próxima sesión con un dictamen de comisión».
Y, en cuarto lugar, «hemos presentado también, la verdad, un tema vergonzoso e ilegal que ocurre en el Municipio de la Ciudad donde el secretario de Gobierno y Planificación, en este caso al arquitecto Emanuel Boero, se le está pagando a través del presupuesto municipal, porque está imputado este gasto a la partida de honorarios profesionales, se le está pagando lo que es la matrícula profesional como arquitecto y también se le están pagando los aportes jubilatorios privados a la caja de profesionales de la Provincia de Santa Fe, al Colegio de Arquitectos de la Primera Circunscripción. La verdad que un funcionario tenga, digamos, un doble aporte jubilatorio es una vergüenza porque aparte nosotros, todos los contribuyentes, le estamos pagando a un funcionario un aporte de una jubilación privada y se le está pagando la matrícula profesional. Esto es incompatible con la Ley 2756, él tiene que cesar en sus funciones porque así lo dice la ley porque está teniendo un contrato oneroso con el Estado local. Los funcionarios no pueden tener ningún tipo de contratación con el Estado local y en este caso, el secretario de Gobierno la está teniendo porque nosotros hemos solicitado que haga una devolución del dinero que se le otorgó para esos fines con los intereses correspondientes, también que cese en sus funciones y que en el caso de haber un reproche penal, que el Estado sea parte querellante. Ahora bien, hay que ver qué parte del Estado, porque lo novedoso de esta resolución es que la firman el Intendente y el Secretario de Hacienda. Lógicamente hubo tres concejales, y esto lo tengo que decir, hubo tres concejales que se negaron rotundamente a tratar esta ordenanza defendiendo lo que es indefendible y diciéndome que haga una denuncia penal. Y yo la voy a hacer una denuncia penal, pero había que tener este paso previo el cual era necesario. Voy a rescatar las palabras del concejal Fantino, porque dijo que él desconocía este tema pero hay que investigarlo. Fue el único concejal que se expresó referente a esta ordenanza».
Por otro lado, Luna y Ré también entregaron un pedido de informe «solicitando nos comuniquen por qué se le pagó a un profesional para que haga una reforma impositiva, la cual desconocemos, pero lo más novedoso es no sólo que le pagan 2.850.000 pesos a este profesional, que a la misma vez en el artículo 2 dice que este profesional va a percibir un sueldo mensual a determinar según la mayor recaudación que obtenga el Municipio».
