En conferencia de prensa, vecinos autoconvocados informaron sobre el fallo favorable para el espacio verde

En conferencia de prensa ofrecida este domingo cerca del mediodía, el grupo de vecinos autoconvocados anunció que la Justicia declaró inconstitucional la ordenanza municipal 4931/2025 que establecía la permuta de un predio público protegido por un terreno en el barrio Santa Margarita, destinándolo a la instalación de una planta de tratamiento y acopio de residuos secos, aceites y aparatos electrónicos.

El fallo judicial resguarda, según señaló Eliana Maidana -quien abrió la rueda de prensa- «el único espacio verde protegido de la ciudad, que lo es desde 2011, un predio que cuenta con 178 árboles de más de 80 años de antigüedad», sosteniendo que en la ordenanza éste «se permutaba directamente por un terreno de un particular que tiene una inmobiliaria en esta ciudad sin licitación pública».

Luego Joana Bravo, también integrante del movimiento vecinal, remarcó que, si bien la normativa cumplía con los pasos técnicos institucionales, «le hemos planteado, tanto al Ejecutivo como al Concejo, que considerábamos que carecía de legitimidad, porque no contaba con el beneplácito de la gran mayoría de la población», fundamentando su postura en la presentación de más de 1.300 firmas recolectadas en dos semanas, añadiéndose que además la ubicación de la planta al terreno de Santa Margarita ponía en riesgo el sustento de una familia local, que alquila ese predio desde hace 14 años para explotación agropecuaria y un taller de zinguería.

Los autoconvocados destacaron asimismo «el apoyo y la organización de los vecinos de Santa Margarita, que cuando surge toda esta cuestión de la instalación de la planta obviamente generó miedo y generó incertidumbre sobre las consecuencias que podía tener esto a mediano y largo plazo sobre su salud, especialmente en lo que es el tratamiento de los residuos electrónicos, que sabemos que es una actividad que comporta altísima toxicidad». «No son decisiones que se puedan tomar de un día para el otro -añadió Bravo-, no son decisiones que se puedan tomar de la noche a la mañana sin un estudio de impacto ambiental serio, y mucho menos sin la aprobación y una consulta popular de los vecinos que, obviamente, iban a sufrir los impactos de la aplicación de esta ordenanza».

Según señalaron, el Municipio de Gálvez presentó un recurso de apelación que, de concederse este recurso, pasará a la Cámara de Apelaciones, tribunal que revisará el proceso, por lo que habría nuevas noticias en agosto, tras la feria judicial.

«Nosotros vamos a seguir, y en esta instancia nos quedan recaudar 800.000 pesos para pagarle a nuestros abogados que nos acompañan, que son 3 y que nos vienen acompañando desde el principio», finalizaron, recordando que para más información pueden conocerla en la cuenta de Instagram oficial del grupo: «El espacio verde no se negocia», al tiempo que agradecieron la presencia de los concejales presentes en la rueda de prensa: «Vemos que hay 3 solamente, pero es importante porque son los representantes del pueblo y necesitamos ser oídos».