Cooperativa Eléctrica brindó detalles de su situación ante la quiebra de SanCor, que le debe una suma millonaria

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Alberto Pestarini, pte. del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica.

En la mañana de este martes, Cooperativa Eléctrica de Gálvez brindó un minuciosa conferencia de prensa, donde se refirió a temas institucionales y trabajos que están realizando para la mejora continua del servicio (VER NOTA APARTE), pero hizo especial hincapié en el tema Sancor, haciendo un raconto de cómo venían trabajando con la empresa, cómo lo hacen en la actualidad y la deuda que la cooperativa láctea mantiene con CEGL.

«Hace más o menos 9 años atrás, desde el año 2017, que Sancor viene con problemas y todos los meses (porque las industrias tienen facturación mensual), a partir de esa fecha, ha tenido problemas con el pago de las facturas», explicó Alberto Pestarini, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica, sobre la realidad que afrontan con la empresa, remarcando que «si no cancela en 30 días más de la factura, se le va al corte, como a cualquier asociado, si bien se tienen contemplaciones: se los llama, se le trata de hacer un plan de pago o se dan unos días más para que cancele la factura. No es tan fácil el corte. En cambio, a la Cooperativa Sancor se le intimaba por carta documento: iba realizando pagos a cuenta y el día del corte cancelaba la factura. En todo ese período no se le cortó, eso fue hasta el 3 de febrero del año pasado, que no canceló la factura y entró en concurso de acreedores. Cuando una empresa solicita el concurso de acreedores y la justicia se lo acepta, todas las deudas anteriores quedan en suspenso, y a partir de esa fecha en adelante se puede seguir facturando. Hasta entonces, la deuda era de 153.000.000 de pesos«.

«Se le siguió luego dando el servicio eléctrico -continuó- y el mes pasado Sancor debía la factura de febrero, que vencía en marzo. En marzo no la canceló, y tenía los 30 días hasta el 20 de abril, justo a la fecha de aniversario de la Cooperativa, para fecha de corte. El juez determinó la quiebra y nosotros, qué precaución tomamos ese día 20? Hicimos una reunión del consejo de administración que determinó el corte, pero como ustedes saben, cuando se hace un pago el mismo día del corte, recién repercute en los bancos al día siguiente. El día veintiuno el Consejo de Administración decidió mandarle una carta documento que dentro de las 48 horas, si no cancelaba esa (nueva) deuda se iba al corte, pero al determinarse la quiebra, ya no tuvimos la potestad de cortarle», lo que hizo que la deuda de Sancor sumara otros 250 millones de pesos.

Jorge Colombo, abogado CEGL.

En ese sentido, el abogado Jorge Colombo detalló: «La situación que se plantea en una situación de concurso o quiebra es muy particular, especialmente con los que son prestadores de servicio público, porque, al tratarse de un servicio público y esencial, y al tener en primera instancia el concepto jurídico de la continuidad de la explotación, es una premisa no cortar los servicios para que se pueda tratar de sacar a flote la empresa. La obligación que estableció el juez para la continuidad de la prestación del servicio público que nosotros prestamos, que es el eléctrico, y se fundamenta en la existencia de bienes perecederos y en la necesidad de terminar contratos que había, que hay en vigencia en Sancor que es lo que se denomina fasón, es decir, determinadas empresas le brindan materia prima para que las produzca, Sancor debe entregar el producto terminado y se comparte el producido. Realmente, es una situación que para nosotros es delicada, porque presuntamente puede ser un perjuicio doble. Primero, porque ya somos acreedores en la masa y de todos los demás acreedores, y, en segunda instancia, porque tenemos que continuar la prestación en esta situación de deuda».

«Obviamente que la ley prevé que hay un deber hacia ese acreedor posterior a la quiebra de abonar los servicios con los fondos que vaya recolectando esa quiebra, ya sea porque se rematan bienes, ya sean porque se cobra algún tipo de acreencia que hay pendiente de cobro. En esos supuestos, los primeros ingresos son para lo que se le llaman los gastos de funcionamiento de conservación. Es decir, estamos hablando de los empleados que tuvieron que trabajar durante ese período, ya sea para custodia de bienes o para producción concretamente, como en este caso, que es los contratos de fasón, o, para, los prestadores de los servicios públicos, como es agua, electricidad, que es donde nos incluye a nosotros», puntualizó Colombo, indicando que lo que necesita la Cooperativa hoy «es premura en la liquidación de estos bienes perecederos y en la producción, que es para lo que efectivamente hicimos reuniones con los síndicos, para pedirles».

También planteó que «cuando nos enteramos de la quiebra y nos enteramos del contenido de la sentencia, donde nos obligan a nosotros a continuar con la prestación del servicio eléctrico, paralelamente nos llegan intimaciones, no solamente a nosotros sino a todos los prestadores de servicios públicos, con la prohibición de corte del servicio. Además vinieron una serie de amenazas jurídicas, ¿no es cierto? Porque podríamos incurrir, como cooperativa o como cualquier otro prestador, en algún tipo de delito en la medida en que hubiéramos cortado el servicio. Amenazas, digamos, con sentido jurídico, no son amenazas en el mal sentido, ¿no es cierto?, y nosotros respondimos que, si bien aceptábamos lo que nos imponía como obligación, a su vez le intimábamos a la sindicatura para que nos dé un detalle de qué bienes son los que hay que preservar, es decir, nos dé información para para qué magnificar y poner en evidencia si esa nueva deuda que se estaba generando, era equivalente con los bienes a conservar».

Finalmente confirmó que la CEGL está recibiendo asesoramiento «de un estudio especializado en concurso de quiebra, y, a través de ellos, también estamos haciendo las gestiones directamente con sindicatura para apuntar hacia el menor perjuicio que nosotros podamos llegar a tener».

 

 

 

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